16. Reacomodamiento de los trebejos.

16. Reacomodamiento de trebejos para una nueva partida. Domingo 22 de junio. 04:10

Cuando en su discurso del día siguiente al lunes de la ofensiva desestabilizadora, la presidenta Cristina Kirchner anunció que había de someter la ratificación o rechazo de la Res 125 al Congreso, las interpretaciones que tal decisión motivó ese mismo día no podían ser otras que las que, en apretada síntesis, están en la entrada anterior de este blog.

El gráfico, contundente y categórico artículo editorial de Joaquín Morales Solá del día siguiente reflejaba una de esas interpretaciones, la más directa, la más obvia. Y la perspectiva de escenario inmediato consecuente –el gobierno de Cristina Kirchner ha sido finalmente derrotado, y tal derrota se oculta en un discurso rimbombante- era la que estaba en condiciones de recibir la mayor cantidad de fichas en la apuesta de todos los que nos tentamos en el análisis de los hechos.

Pero el gobierno tuvo su acto en la Plaza de Mayo y en su nuevo discurso, la presidenta Cristina Fernández estuvo lejos de reflejar una realidad que estuviese en correspondencia con esa interpretación inmediata, primera.

El acto, mal que les pese a los representantes de la prensa, no ya antikirchneristas sino antiperonistas, fue multitudinario. Las remanidas referencias a “los colectivos”, el “choripan”, (o el “no sabían por qué estaban ahí” con que Morales Solá mostró -una vez más- su desprecio a las masas populares en su nota de opinión del jueves 19), referencias todas ellas destinadas a morigerar un hecho cierto: la movilización fue.

La capacidad del gobierno, y del partido justicialista, para movilizar el aparato político y sindical a favor de la postura oficial en una disputa colosal de intereses estuvo presente. Hasta el 20 de junio, y aunque mostrando fisuras, el poder sinérgico que surge de la sociedad gobierno-partido se hizo ver.

Una cosa muy diversa sería afirmar que estará presente en un futuro inmediato. Tal vez ni siquiera lo esté para la siguiente ocasión. No lo sé. Habida cuenta de las fisuras advertidas en el seno del partido gobernante, podría uno arriesgar el pronóstico de que no, de que ya no habrá un nuevo acto como el del día 18 en la Plaza de Mayo. Pero, al menos para afirmar una posición oficial al día 20 de junio, el control del aparato mostró ser operativo.

Si ese apoyo del aparato político y sindical al gobierno de Cristina Fernández para el acto en Plaza de Mayo fue condicionado a una concesión del gobierno, como contrapartida, a los sectores que dentro del justicialismo apuestan a la “reparación moral” para con los señores del campo, es otra cuestión. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el propio acto no parece estar en correspondencia con un acuerdo subterráneo de ese tipo. Y la reacción de un Eduardo Duhalde, quien en una conferencia que transmitió Crónica habló en dos ocasiones de “imbecilidad”, para referirse a la posición oficial respecto del conflicto de fondo, tampoco.

El acto de Plaza de Mayo, y el discurso de la presidenta en el mismo, son hechos que, de alguna manera que hasta ahora no se ha manifestado en forma abierta, transparentan que, en realidad, la interpretación más realista que pueda hacerse a la movida presidencial que descomprimió la tensión social del fin de semana anterior y lunes fue la de ganar tiempo. Nada estaría resuelto de antemano y, de ser así, los días que vienen serán reflejo de un ahondamiento en la crisis, aunque en un escenario muy diverso al de estos cien días, es decir, no ya en las rutas, con las aduanas piqueteras y la policía civil gringa funcionando a la perfección, sino en el marco de las instituciones políticas establecidas por la Constitución.

El levantamiento efectivo de los cortes de ruta a partir de la cero hora del sábado parecería ser un signo en contra de tal interpretación. En efecto, es tentador suponer que el retiro de las policías civiles y de los agentes de aduanas piqueteras obedecería al conocimiento que los dirigentes ruralistas tendrían acerca de que el triunfo de su postura se habrá de dar en el Congreso, con lo cual se le permitiría al gobierno una salida decorosa de la crisis. Tal interpretación surge de suyo. Pero no puede descartarse así nada más otra razón: el descontento de la población en general con el corte de rutas había alcanzado en los días siguientes al acto de Plaza de Mayo su punto más alto y, además, las palabras destempladas de De Angeli y de otro dirigente de la Sociedad Rural en el sentido de que debía disolverse el Congreso, o, peor aún, prepotear a los legisladores para “enseñarles a legislar”, contribuyeron a elevar en varios puntos ese descontento generalizado para con los agentes de la policía civil y aduanera instalada en centenares de puntos del país.

Por otra parte, los responsables de algunos medios de comunicación masiva, conscientes de que la uniformidad de un relato sostenido en el tiempo les estaba haciendo perder credibilidad ante su clientela, ofrecieron micrófonos y cámaras a muchos productores que pudieron manifestar –por primera vez en cien días- su malestar por ser víctimas de esa policía aduanera civil que les impedía comercializar sus productos.

El relato de que los responsables de los cortes de ruta no eran los productores soliviantados, sino de transportistas autoconvocados (que aún siguen repitiendo los conspicuos analistas políticos de los grandes diarios), carece de todo sustento. No sólo por los miles de testimonios de camioneros y productores que han sido víctimas del lock out empresarial sojero y su policía civil, sino además porque el propio “relato” carece de verosimilitud. Sería el único caso en el mundo, que “autoconvocados”, sin organización alguna y con características objetivas de individualismo en la producción (por la propia naturaleza individual de su ocupación), cortasen las rutas en doscientos a cuatrocientos puntos diversos de una pampa húmeda de más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie.

Así que lo más razonable es, para mí, aceptar que la movida del gobierno, destinada a descomprimir la ofensiva desestabilizadora desatada con furia el fin de semana anterior, carece de arreglos subterráneos. Asestó un duro golpe a los sectores que desde las sombras fogoneaban la movida golpista, pero se encuentra lejos aún de imponer una política de redistribución de ingresos a la medida de la que tiene proyectada. Perdida la batalla mediática de los cien días y fracasada la confrontación directa, el gobierno decidió continuar batalla en otro frente, el del Congreso y las instituciones políticas, incluyendo la Corte. Si logrará imponer su política o no, está por verse. Lo que sí parece un poco más claro después del acto de la Plaza de Mayo es que no hubo arreglo subterráneo previo.

Si el gobierno insiste en su política de redistribución de ingreso a partir de la apropiación de la renta extraordinaria que se ha venido dando y se seguirá dando en los próximos años en la producción y exportación cerealera, tal como quedó ratificado en el discurso de Cristina Fernández en la Plaza de Mayo, entonces la fractura en el justicialismo será y será pronto en el tiempo. La razón es sencilla: la propia naturaleza del peronismo. El peronismo es populismo, pero es, esencialmente conservador. El justicialismo no está agremiado en la lucha de clases. Su filosofía política es el intervencionismo estatal con fines redistributivos. El tema, hoy, es que no hay en el justicialismo muchos convencidos acerca de el aportante de los fondos necesarios para llevar a cabo esa redistribución de ingresos deba ser el campo. ¿Por qué? Por razones muy sencillas: el compromiso directo de casi todos los dirigentes de las provincias con los productores agropecuarios. Nadie tenga dudas de que ocho de cada diez dirigentes conspicuos del peronismo en las provincias (proporción que sólo pretende ser gráfica, como se comprende), tiene intereses propios en el campo.

El mecanismo tradicional de “redistribución de ingresos” que es tolerable para el peronismo histórico es de otro tipo: es de una sociedad del gobierno con los sindicatos en los cuales la dirigencia que les garantiza el funcionamiento del aparato político desde las bases, obtiene, por el poder público, concesiones salariales. Éstas las pagan las empresas industriales, las cuales, a su vez, las trasladan a los precios. El consumo popular, que paga el IVA, alimenta las cajas del estado, cerrando el círculo. Un mecanismo que funciona más o menos bien en tiempos de bonanza industrial, pero que nunca saca al país de la trampa inflacionaria. Y jamás soluciona el tema de la pobreza, el hacinamiento y la degradación social. Fuente ésta, a su vez, de clientelismo político.

Así que si la intención del gobierno de Cristina Fernández es profundizar una redistribución de ingresos a partir de otras fuentes de financiación –más genuinas- y, además, con la intención de mejorar la infraestructura material y la realidad social del país, terminará por perder el “aparato”. Las primeras fisuras están a la vista.

Hasta aquí, algunas consideraciones acerca de lo sucedido en el fin de semana anterior y durante la semana pasada. Un periodo muy agitado, grave, caracterizado por: Uno: lanzamiento de la ofensiva final desestabilizadora; dos: reacción del gobierno; tres: escenarios probables. En otras entradas, haré otras consideraciones acerca de la misma situación, pero por temas puntuales.

Hasta luego.